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QUEJA que presentan CC.OO y UGT
ante el Director General de la OIT,
por violación de derechos de los trabajadores
referido a la terminación de la relación de trabajo
DON IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO, con DNI 32603993K, actuando como
Secretario General de la Confederación Sindical de COMISIONES OBRERAS
(CC.OO.), con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Fernández de la Hoz,
número 12, 28010-Madrid, tfno. 91 702.80.11 y email sgeneral@ccoo.es,
DON CÁNDIDO MÉNDEZ RODRÍGUEZ, con DNI 25914180B, actuando como
Secretario General de la Confederación Sindical UNIÓN GENERAL DE
TRABAJADORES (UGT), con domicilio a efectos de notificaciones en C/
Hortaleza, nº 88, 28004-Madrid, tfno. 91 589.76.98 y email cperez@cec.ugt.org,
y
en nombre y representación de las mencionadas organizaciones sindicales ante
la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO comparecen y
EXPONEN
1. Que por medio del presente escrito formulan QUEJA contra el GOBIERNO
DE ESPAÑA, por violación de derechos relacionados con el despido de
los trabajadores, garantizados por esa organización internacional, con
vulneración del Convenio de la OIT nº 158 sobre terminación de la relación de
trabajo por iniciativa del empleador, 1982, ratificado por España el 18 de
febrero de 1985 (BOE del 29.junio.1985), así como la Recomendación nº 166
sobre terminación de la relación de trabajo, 1982.
2. Que las Confederaciones Unión General de Trabajadores (UGT) y
Comisiones Obreras (CC.OO.) son organizaciones sindicales con carácter de
más representativas en todo al ámbito español y, en consecuencia, tienen
atribuida por las leyes españolas plena legitimidad para representar los
intereses de todos los trabajadores afectados por la norma contra la que se
formula la presente Queja. Tal legitimidad la ostentan sin lugar a dudas frente
a las instituciones nacionales y, asimismo, dado su carácter de
confederaciones sindicales de ámbito nacional, también les viene reconocida
por las normas de la OIT para la presentación de esta Queja y les confiere la
capacidad legal suficiente para su tramitación y para solicitar las pretensiones
deducidas.
3. Que el objeto de la presente Queja es denunciar la vulneración de derechos
de los trabajadores relativos a la terminación de la relación de trabajo por
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despido del empleador, reconocidos y garantizados por el Convenio nº 158
de la OIT, llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero,
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE del 11 de
febrero), recientemente aprobado por el Gobierno de España y convalidado
por el Congreso de los Diputados español.
4. Que el Gobierno español es contraparte en este procedimiento, en su calidad
de representante del Estado español y como principal promotor de las
normas y prácticas restrictivas de derechos que se denuncian.
5. Que en virtud de los arts. 24 y 26 de la Constitución de la OIT, se prevén los
procedimientos de reclamación o queja para supuestos especiales de
incumplimiento de Convenios de la OIT, a fin de que conforme a la
tramitación e aplicación, se produzca un pronunciamiento de esa
Organización acerca del comportamiento del Estado español.
ANTECEDENTES NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES
1. La OIT y el objetivo de un trabajo decente.
La OIT nació bajo el principio de que la paz permanente entre los pueblos y en el
interior de los mismos sólo puede basarse en la justicia social, para cuya
consecución a lo largo de toda su historia ha venido desarrollando una ingente
labor normativa con el fin de mejorar las condiciones de empleo de los
trabajadores, protegiéndoles en su seguridad frente a la desigualdad en que se
basa la relación de trabajo y frente a los abusos que en muchas ocasiones
sufren por las condiciones en que se prestan sus servicios, promoviendo la
mejora de sus salarios, protegiéndoles también contra las enfermedades
mediante la extensión de las medidas de seguridad social y de la asistencia
médica, entre otros muchos cometidos, todos los cuales quedaron ya fijados en
la Declaración de Filadelfia de 1944 y forman parte de la Constitución de la OIT.
En esa tarea, en el año 1963 la Conferencia General de la OIT aprobó una
primera Recomendación nº 119 sobre terminación de la relación de trabajo, que
más tarde, en la Conferencia de 1982, fue reemplazada por el Convenio nº 158
sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, 1982,
acompañado por la Recomendación nº 166 también sobre la terminación de la
relación de trabajo, 1982, instrumentos ambos que buscan reforzar las garantías
a los trabajadores frente al despido, protegiéndoles contra la terminación
arbitraria e injustificada de la relación de trabajo por su empleador y contra las
dificultades económicas y sociales que entraña la pérdida del empleo,
fomentando de esta suerte la seguridad en el empleo, que constituye un aspecto
esencial del derecho al trabajo.
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El Convenio nº 158 comprende normas de aplicación general relativas a la
necesidad de justificación del despido, o terminación de la relación de trabajo por
parte del empleador en la terminología del propio Convenio, a los procedimientos
previos al despido o con ocasión de éste, al procedimiento o recurso contra la
terminación, al plazo de preaviso y a la protección de los ingresos del trabajador
en caso de despido.
“La necesidad de que la terminación se fundamente en una causa justificada
constituye la piedra angular de las disposiciones del Convenio”, en expresión del
Informe que con el título de Protección contra el despido injustificado, realizó la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT
para la 82.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (Ginebra, 1995),
Párrafo 76, que continúa señalando que “al adoptarse este principio, el
empleador pierde la facultad de poner término unilateralmente a una relación de
trabajo de duración indeterminada mediante la notificación de un preaviso o, en
su lugar, el pago de una indemnización”, aspectos que son insuficientes para
que un despido sea conforme a los principios y reglas del Convenio 158.
En virtud de este principio fundamental de la necesidad de justificación, el
Convenio establece que no se podrá despedir a un trabajador a menos que
exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o conducta o
basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa por causas
económicas, tecnológicas, estructurales o análogas. Además, se enumeran
varios motivos que no pueden constituir causa justificada para despedir, como
son la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales, ser
candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en dicha
calidad, presentar una queja o participar en procedimientos entablados contra un
empleador; la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades
familiares, el embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia
nacional o el origen social, o la ausencia del trabajo durante la licencia de
maternidad y la ausencia temporal con motivo de una enfermedad o una lesión.
El Convenio incluye, pues, un conjunto de “iniciativas encaminadas a limitar el
poder discrecional del empleador de poner término a la relación de trabajo por un
motivo cualquiera o sin motivo, iniciativas que se fundamentaron en los
conceptos de abuso de derecho por parte del empleador y de terminación
abusiva de la relación de trabajo” [Comisión de Expertos, Protección contra el
despido injustificado, citado, Párrafo 2].
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2. El sistema español sobre el régimen del despido y sus elementos
esenciales en relación con el derecho al trabajo.
En España desde la constitución en 1977-1978 de un sistema jurídico
democrático de relaciones laborales, el régimen del despido se ha venido
caracterizando por diferenciar el tratamiento dado a los despidos individuales,
que podían ser disciplinarios o por causas objetivas, cuyo control se verificaba
por el orden jurisdiccional social, y los despidos colectivos de base económica,
que requería autorización administrativa, que se concedía de forma casi
automática si se producía un acuerdo colectivo entre los representantes de los
trabajadores y el empresario sobre la extinción de los contratos. El régimen legal
se encontraba amparado por el reconocimiento del derecho al trabajo en el art.
35 CE, interpretado por el Tribunal Constitucional como un derecho de contenido
laboral que implicaba que los trabajadores no podían ver extinguida su relación
laboral sin un motivo justificado, con arreglo a un procedimiento determinado
previamente y bajo control judicial.
Ya desde la Sentencia 22/1981, de 2 de julio, el Tribunal Constitucional
estableció que integran el “contenido” del artículo 35.1 CE no sólo la libertad de
trabajar, sino “también el derecho a un puesto de trabajo” que, en “su vertiente
individual”, “se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de
trabajo si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en el derecho a
la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedidos si no
existe una justa causa” .
Posteriormente en la STC 20/1994, de 27 de enero, ahondó en el contenido del
art. 35.1 CE, considerando que uno de sus “aspectos básicos” es “la reacción
frente a la decisión unilateral del empresario”, que incluye, además de las
garantías formales y causales del despido, el resarcimiento económico
(indemnización). En efecto – sigue razonando el TC -, “la inexistencia de una
reacción adecuada contra el despido o cese debilitaría peligrosamente la
consistencia del derecho al trabajo y vaciaría al Derecho que lo regula de su
función tuitiva, dentro del ámbito de lo social como característica esencial del
Estado de Derecho (art. 1 CE), cuya finalidad en este sector no es otra que
compensar la desigualdad de las situaciones reales entre empresario y
trabajador a la hora de establecer las condiciones o el contenido de esa relación
mutua o sinalagmática, máxime si ello acontece a título individual y no colectivo
(SSTC 123/1992, 98/1993 y 177/1993)”.
Y en la STC 192/2003, de 27 de octubre, insiste en que “tanto exigencias
constitucionales, como compromisos internacionales, hacen que rijan entre
nosotros el principio general de la limitación legal del despido, así como su
sujeción para su licitud a condiciones de fondo y de forma. Ello no quiere decir
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que, como poder empresarial, la facultad de despido no se enmarque dentro de
los poderes que el ordenamiento concede al empresario para la gestión de su
empresa (….), pero lo que resulta claro es que no puede deducirse de esa
libertad de empresa ni una absoluta libertad contractual, ni tampoco un principio
de libertad ad nutum de despido, dada la necesaria concordancia debe
establecerse entre los arts. 35.1 y el 38 CE y, sobre todo, el principio de Estado
social y democrático de Derecho”.
De esta manera, el contenido esencial del derecho al trabajo quedaba definido
por un límite triple a la rescisión unilateral del empleador, de forma que el acto
de despido debía ser formal, sometido a forma escrita que permita al trabajador
conocer la decisión y el motivo del despido, causal, es decir, necesariamente
ligado a una causa o motivo definido legalmente, y controlado judicialmente, de
manera que el juez pueda revisar la corrección o legitimidad de la decisión
empresarial, declarando el despido ilegítimo o improcedente.
La causalidad del despido no sólo impide el libre desistimiento del empleador,
sino que exige un papel activo del juez en el proceso de verificación de la
suficiencia y adecuación de la causa a la decisión extintiva. En algunos casos en
que el despido implica un acto discriminatorio o lesivo de derechos
fundamentales, el Tribunal Constitucional primero y la ley después han impuesto
como sanción la nulidad del acto con la consecuencia de la readmisión forzosa
del despedido. En estos supuestos las reglas sobre la inversión de la carga de la
prueba tienen mucha importancia. En los otros supuestos de improcedencia o de
ilegitimidad del despido declarados como tal por un juez, la ley previó un juego
de opciones que otorgan al empleador la posibilidad de readmitir al trabajador
despedido o rescindir el contrato acompañado de una indemnización por
improcedencia del despido y el pago de los salarios dejados de percibir desde la
fecha de la rescisión hasta la de la sentencia que declara la improcedencia del
mismo, los llamados salarios de tramitación.
La cuantía de la indemnización por despido improcedente ha seguido estable
como regla general hasta el reciente Real Decreto-Ley 3/2012. Anteriormente, en
1997, la creación de una figura contractual de empleo estable como eje de una
nueva política de empleo que buscaba reducir la contratación temporal, introdujo
la posibilidad de rebajar la indemnización de los despidos improcedentes
exclusivamente en el caso de los despidos individuales, estableciendo la cuantía
en 33 días por año frente a la regla general de 45 días por año.
Por lo demás, los despidos colectivos estaban asimismo sometidos a un régimen
causal que impedía al empleador decidir unilateralmente la extinción de los
contratos. Su decisión abría un proceso de consultas con los representantes de
los trabajadores bajo la supervisión de la autoridad laboral. Si este proceso
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terminaba con acuerdo sobre la extinción de los contratos, la autorización de la
autoridad laboral era cuasi-automática, mientras que en caso de desacuerdo de
empresario y representantes de los trabajadores sobre las medidas a adoptar
revestía un cierto carácter arbitral. La intervención pública era también relevante
en orden a garantizar la correcta aplicación de los recursos del sistema de
desempleo, así como en cuanto a la posibilidad de introducir medidas de prejubilación
o jubilación anticipada de los trabajadores como alternativa al despido.
En este campo también entró la negociación colectiva al regular la jubilación
forzosa pactada en convenio como una medida de política de empleo.
Las reformas del sistema de despido en la crisis a través de la Ley 35/2010, de
19 de septiembre han ido por diferentes vías, la más importante la de ampliar la
descripción de los supuestos que habilitan el empresario a despedir
procedentemente con arreglo a causas económicas y similares, que lleva
aparejada una indemnización de 20 días por año. Pero las tendencias muy
negativas que aparecían en la Ley 35/2010 han sido desarrolladas al máximo en
el Real Decreto-Ley 3/2012, en clara transgresión del modelo de despido fijado
en la Constitución Española y, más en concreto, en oposición directa a muchas
de las prescripciones del citado Convenio 158 de la OIT sobre la terminación de
la relación de trabajo.
MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA QUEJA
I.- PROCEDENCIA DE LA QUEJA. CCOO y UGT acuden a la Organización
Internacional de Trabajo (OIT) por entender que algunos de los contenidos del
Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral, recientemente aprobado por el Gobierno de España y
convalidado por el Congreso de los Diputados español, afectan de manera
directa a los derechos de los trabajadores que son objeto de despido por su
empleador, vulnerando de forma directa el contenido del Convenio 158 aprobado
por esta organización y ratificado por España, que garantiza esos derechos y
cuya garantía está encomendada a la OIT.
II.- CONVENIOS DE LA OIT INFRINGIDOS. Las organizaciones firmantes d esta
Queja consideramos que ha sido conculcado el Convenio nº 158 sobre
terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, 1982,
ratificado por España el 26 de abril de 1985.
III.- CONTENIDOS CONCULCADOS.
1. Cuatro son, al menos, las cuestiones que vulneran flagrantemente el
contenido del Convenio 158 de la OIT:
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– La fijación de un período de prueba de un año en la nueva modalidad de
contrato indefinido, que implica el establecimiento de un despido sin causa
y sin indemnización.
– La nueva regulación de las causas de despido económicas, técnicas,
organizativas o de producción, que conlleva que los trabajadores pueden
ser despedidos sin una causa de suficiente entidad y proporcionalidad y
sin verdadero control judicial de la decisión empresarial.
– La supresión de los salarios de tramitación en caso de opción por el
empresario de la extinción del contrato, ante la declaración judicial de la
improcedencia del despido
– La inclusión como causa de despido de las faltas de asistencia al trabajo
motivadas por enfermedad o lesión aún debidamente justificadas: el
despido por absentismo.
2. Contenidos del Convenio 158 que han sido conculcados por el Real
Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral.
Artículo 2.2.b)
2. Todo Miembro podrá excluir de la totalidad o de algunas de las disposiciones del
presente Convenio a las siguientes categorías de personas empleadas:
b) los trabajadores que efectúen un período de prueba o que no tengan el tiempo de
servicios exigido, siempre que en uno u otro caso la duración se haya fijado de antemano
y sea razonable;
Artículo 4.
No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para
ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las
necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.
Artículo 6.
1. La ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá
constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo.
Artículo 7.
No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos
relacionados con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la
posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda
pedirse razonablemente al empleador que le conceda esta posibilidad.
Artículo 9.2 y 3.
2. A fin de que el trabajador no esté obligado a asumir por su sola cuenta la carga de la
prueba de que su terminación fue injustificada, los métodos de aplicación mencionados
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en el artículo 1 del presente Convenio deberán prever una u otra de las siguientes
posibilidades, o ambas:
a) incumbirá al empleador la carga de la prueba de la existencia de una causa
justificada para la terminación, tal como ha sido definida en el artículo 4 del presente
Convenio;
b) los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán
facultados para decidir acerca de las causas invocadas para justificar la terminación
habida cuenta de las pruebas aportadas por las partes y de conformidad con los
procedimientos establecidos por la legislación y la práctica nacionales.
3. En los casos en que se invoquen para la terminación de la relación de trabajo razones
basadas en necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio,
los organismos mencionados en el artículo del presente Convenio estarán facultados
para verificar si la terminación se debió realmente a tales razones, pero la medida en que
esos organismos estarán facultados también para decidir si esas razones son suficientes
para justificar la terminación deberá determinarse por los métodos de aplicación
mencionados en el artículo 1 de este Convenio.
Artículo 10.
Si los organismos mencionados en el artículo 8 del presente Convenio llegan a la
conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es injustificada y si en virtud de
la legislación y la práctica nacionales no estuvieran facultados o no consideraran posible,
dadas las circunstancias, anular la terminación y eventualmente ordenar o proponer la
readmisión del trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización
adecuada u otra reparación que se considere apropiada.
3. Fundamentación jurídica.
3.1. Fijación de un período de prueba de un año en la nueva modalidad de
contrato indefinido, al margen de los cometidos, funciones y cualificación del
trabajador necesaria para el desempeño del puesto de trabajo, que implica el
establecimiento de un despido sin causa y sin indemnización.
1. Ya hemos señalado anteriormente cómo en el Convenio 158 de la OIT, y en el
ordenamiento español que ha de aplicar los principios de dicho Convenio y de
otros pactos internacionales, el despido de un trabajador ha de ser
necesariamente causal, ligado a una causa o motivo definido legalmente y,
además, sujeto al control judicial, de manera que a instancia del trabajador, o de
un sindicato, el juez puede revisar la corrección o legitimidad de la decisión
empresarial, declarando el despido ilegítimo o improcedente.
Este régimen causal de la extinción de los contratos está modulado o
excepcionado en casos muy concretos, tasados por el legislador, siguiendo
también en este punto los límites que impone el Convenio 158 de la OIT. Y uno
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de esos límites está relacionado precisamente con el período de prueba. Los
términos del artículo 2 del Convenio son muy nítidos:
Artículo 2.
1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y a
todas las personas empleadas.
2. Todo Miembro podrá excluir de la totalidad o de algunas de las disposiciones
del presente Convenio a las siguientes categorías de personas empleadas:
b) los trabajadores que efectúen un período de prueba o que no tengan el tiempo
de servicios exigido, siempre que en uno u otro caso la duración se haya fijado
de antemano y sea razonable;
La institución del periodo de prueba está pensada para que el empresario en los
momentos iniciales del contrato, pueda comprobar la aptitud profesional y la
adaptación al puesto de trabajo del trabajador contratado. Se trata, pues, de
una figura laboral que habilita a extinguir el contrato de trabajo por la nuda
voluntad empresarial, que no requiere expresión de causalidad, ni procedimiento
alguno, ni garantía sindical, ni contradicción, y sin tampoco asumir ningún coste
o compensación a favor del trabajador, que se ve privado de su puesto de
trabajo por la simple apreciación empresarial de que no le satisface la prestación
de servicios, sin posibilidad de control judicial de si esa satisfacción tiene base
real, objetiva y fundada, o no, y que opera en la práctica como un espacio de
inmunidad para el empresario, con el solo límite del respeto a los derechos
fundamentales.
Adquiere sentido de manera exclusiva en un sistema de extinción regido por el
principio de causalidad, del que es una excepción, por lo que su ordenación
jurídica deberá responder a su función y respetar el principio de proporcionalidad
en garantía del derecho al trabajo, lo que en términos del citado artículo 2 del
Convenio 158 significa que la posibilidad de que un Estado exceptúe el régimen
causal del despido durante el período de prueba está imperiosamente vinculada
a que su duración esté fijada de antemano y, además, sea “razonable”.
2. En España el art. 14 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el período
de prueba, tanto en su versión originaria de 1980 como en la actualmente
vigente introducida por la Ley 11/1994, ha respondido y responde a estas
exigencias. En su apartado 2 exceptúa el régimen causal de la extinción del
contrato “que podrá producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su
transcurso”. No obstante ello, el apartado 1 establece una duración máxima,
vinculada a la formación del trabajador que suscribe un pacto de prueba, de seis
meses para los técnicos titulados, y de dos meses para los demás trabajadores.
Dicha duración, tras la reforma de 1994, resulta dispositiva para la negociación
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colectiva, a la que se faculta para fijar duraciones distintas a las legalmente
señaladas. Sin embargo, no cabe disponer de la duración legal en el caso de las
empresas de menos de veinticinco trabajadores, en las que el periodo de prueba
de los trabajadores no titulados no podrá exceder de tres meses.
Como se desprende de la regulación trascrita, el límite temporal es aquí decisivo
para el logro de una adecuada configuración legal del periodo de prueba que
garantice el exigible equilibrio entre el interés empresarial y el interés del
trabajador. Y la “razonabilidad” de ese límite temporal viene expresada, por una
parte en función del tipo de trabajo a realizar por el trabajador contratado, con
duración más amplia si el trabajo es técnicamente más complejo, y más corta
cuando se trata de desarrollar funciones o trabajos menos especializados, y por
otra en razón del tamaño de la empresa, de forma que se entiende que la
capacidad del empresario de conocer la aptitud del trabajador es mayor cuanto
más cercana y personalizada sean su relación con el trabajador, lo que ocurre en
empresas con menor número de trabajadores.
Por otro lado, al formar parte el principio de causalidad del contenido del derecho
al trabajo, la limitación temporal del período de prueba confiere a la suspensión
de dicho principio un carácter transitorio, asegurando su activación una vez
transcurrido ese plazo.
El Tribunal Supremo español ha tenido oportunidad de abordar en varias
ocasiones la cuestión de la duración del período de prueba y su adecuación a la
finalidad que esta institución contempla, introduciendo la perspectiva, tan
vinculada al propio Convenio 158, del fraude de ley y el abuso de derecho.
En diversas sentencias, entre ellas las de 12 de noviembre de 2007 (R.C.U.D. nº
4341/2006) y la más reciente de 20 de julio de 2011 (R.C.U.D. nº 152/2010) ha
expresado su criterio sobre esta materia, señalando, en primer lugar, que “la
finalidad del instituto del período de prueba es … la comprobación de la aptitud
profesional y la adaptación al puesto de trabajo del trabajador contratado,
teniendo mayor significación estas funciones en los trabajos cualificados y de
dirección o supervisión, que en otros menos cualificados y tiene,
consustancialmente, un carácter de temporalidad y provisionalidad, y de ahí, que
sea razonable, que su duración sea por lo general, breve.”
Por otro lado, ha puesto en evidencia la finalidad espúrea que duraciones
demasiado amplias del período de prueba, que no se adecúan de forma
razonable a la finalidad de la institución, persiguen, afirmando que “una
regulación convencional en la que se fije una duración excesivamente dilatada
de dicho período, bien puede sugerir -como ha puesto de manifiesto la doctrina
científica- que se esté dando amparo a un resultado que, en la práctica, puede
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asemejarse a la funcionalidad real de los contratos temporales, lo que podría
encubrir situaciones de fraude de ley al poder utilizarse para enmascarar unos
fines no queridos por el citado precepto estatutario” concluyendo que las
cláusulas que así se pronuncian “son radicalmente nulas por contrarias a la ley y
al orden público social.”
De ahí que la jurisprudencia del Tribunal Supremo no haya dudado en calificar
como abusivas y, por tanto, nulas las cláusulas de los convenios colectivos que
incluían periodos de prueba desproporcionados, de dos años y un año
(sentencias de 12 de noviembre de 2007 y 20 de julio de 2011, respectivamente),
declarando a este respecto que “el sometimiento al periodo de prueba de un año
de duración parece a todas luces excesivo, ya que el objeto de la prueba puede
satisfacerse sobradamente en un lapso temporal más reducido”, máxime si se
tenían en cuenta las características de los empleos, de vendedores, a los que se
referían los casos concretos.
3. Sin embargo, en el Real Decreto-Ley 3/2012 se incluye una regulación del
período de prueba que no cumple en ningún caso las exigencias y estándares
mínimos de razonabilidad exigidos por el citado artículo 2.2.b) del Convenio 158
de la OIT. En efecto, el artículo 4 del Real Decreto-Ley regula una nueva
modalidad contractual llamada “Contrato de trabajo por tiempo indefinido de
apoyo a los emprendedores”, cuyo apartado 3 literalmente dice:
“3. El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se deriven
se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo indefinido, con
la única excepción de la duración del periodo de prueba a que se refiere el artículo 14
del Estatuto de los Trabajadores, que será de un año en todo caso”.
El nuevo régimen no reúne, debido a la falta de razonabilidad de su duración,
ninguno de los requisitos exigidos para poder ser una excepción admitida por el
Convenio de la OIT. En primer lugar, establece una duración a todas luces
excesiva, un año, declarada abusiva por el Tribunal Supremo español, como se
acaba de señalar. Además, dicha duración no se vincula, ni directa ni
indirectamente, ni a la cualificación y formación profesional del trabajador, ni a la
experiencia que haya adquirido a lo largo de su trayectoria profesional, ni a la
mayor o menor responsabilidad exigible al puesto de trabajo, ni al grado de
dificultad en el desempeño de las funciones pactadas, quedando desvirtuada por
completo la institución y la función a la que sirve: comprobación de las aptitudes
y de la adaptación del trabajador al puesto de trabajo. Se trata de un plazo de
duración único y universal, aplicable indiscriminadamente a todos los trabajos
contratables, desde la función de más alta responsabilidad en la gestión, y la
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técnicamente más compleja, hasta la más simple y de nivel laboral y formativo
más sencillo.
Por otro lado, el carácter imperativo con el que se establece su duración -“en
todo caso”, dice el nuevo precepto-, lo hace indisponible por la negociación
colectiva, e incluso por pacto individual, no permitiendo que ahora los convenios
colectivos suplementen la ordenación legal, limitando tal duración y adecuándola
a las necesidades o características de cada sector productivo, incluso en contra
de la previsión del artículo 1 del Convenio 158, que determina que “deberá darse
efecto a las disposiciones del presente Convenio por medio de las legislación
nacional, excepto en la medida en que estas disposiciones se apliquen por vía
de contratos colectivos, laudos arbitrales o sentencias judiciales …”.
Por último, el único “límite” que establece la nueva norma se refiere al tipo de
empresa en el que se puede concertar un pacto de prueba con ocasión de la
celebración de la nueva modalidad contractual “de apoyo a los emprendedores”,
aplicable exclusivamente en las empresas de menos de cincuenta trabajadores
(art. 4.1 del Real Decreto-Ley 3/2012). Pero este dato tampoco constituye un
límite que pueda justificar una tal regulación de la excepción al principio de
causalidad en el despido, pues tales empresas representan el 99,23 por 100 de
todo el tejido empresarial español, su práctica totalidad, conforme confiesa la
propia Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley citado (apartado II),
extrayendo los datos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de
Estadística.
La generalización subjetiva del período de prueba a todos los puestos de trabajo
y cometidos profesionales, titulaciones o exigencias requeridas para verificar la
idoneidad del trabajador, y la generalización de la medida a la práctica totalidad
de las empresas del país, pone en evidencia que lo que en realidad se ha
buscado es implantar, bajo la apariencia de un contrato indefinido, una
modalidad contractual que incluye un período temporal de un año de muy dura
precariedad, durante el que rige la figura del despido libre, sin causa ni
procedimiento, y sin indemnización, para las nuevas contrataciones en tales
empresas. Despido libre con el único condicionante de que el empresario ponga
en marcha la decisión extintiva antes de que transcurra un año desde el inicio de
la prestación.
4. De este modo se incumple de manera flagrante el artículo 2.2.b) del Convenio
158, que, como hemos ya analizado, autoriza a los Estados a exceptuar el
régimen causal del despido durante el periodo de prueba, siempre que su
duración sea “razonable”, que “no debe prolongarse más allá de lo debido”
[Comisión de Expertos, “Protección contra el despido injustificado”, Párrafo 39],
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en relación con los objetivos para los que se instauraron tanto el período de
prueba como el llamado “tiempo de servicios exigido”.
Y se incumple igualmente el artículo 4 del Convenio 158, que impone que “no se
pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para
ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada
en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o
servicio”, de manera que la terminación no constituya un abuso de derecho.
Por último, el nuevo contrato para emprendedores, tanto por su tenor como por
su objeto, se muestra asimismo contrario a la Recomendación nº 166 sobre la
terminación de la relación de trabajo, 1982, y en particular a su párrafo 3, por el
que se exhorta a la adopción de «garantías adecuadas» contra el recurso a los
contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto sea eludir la protección
derivada del Convenio núm. 158.
5. Decisiones sobre esta materia en el ámbito de la OIT. Existe un importante
precedente, claramente vinculado con el caso aquí denunciado, que debe sin
duda servir para que el período de prueba recogido en el artículo 4.3 del Real
Decreto-Ley 3/20120 sea declarado contrario al Convenio 158 de la OIT.
Se trata de la figura regulada en Francia por la Ordenanza nº 2005-893, de 2 de
agosto, que instauró un contrato denominado “de nuevos empleos” («CNE» por
su sigla en francés), aplicable a las empresas de menos de 20 trabajadores,
configurado como un contrato de duración indefinida en el que durante los dos
primeros años quedaba en suspenso la norma general del derecho francés que
impone la causalidad del despido, pudiendo el empresario resolver el contrato sin
justa causa (desistimiento ad nutum), si bien se le exigía un preaviso de dos
semanas a un mes, según la antigüedad del trabajador, y una indemnización.
Contra este contrato se plantearon dos vías de impugnación por vulneración,
entre otros, de los artículos 2,2,b) y 4 del Convenio 158, una ante los tribunales
franceses y la segunda ante la propia OIT.
1. Recurso ante los tribunales de Francia. En el procedimiento seguido ante los
tribunales, la Sala Social de la Cour de Cassation francesa, en sentencia de 1 de
julio de 2008, declaró contrario al art. 4º del Convenio 158 OIT el nuevo contrato
“CNE”. La sentencia, tras analizar su régimen jurídico, consideró que un periodo
tan excesivo de dos años, durante el que el empresario pudiera despedir al
trabajador sin alegar causa alguna, no es “razonable” como exige el convenio de
la OIT, y priva al trabajador de lo esencial de sus derechos en materia de
despido, colocándolo en una situación comparable a la existente en un momento
anterior a la Ley de 13 de julio de 1973 en la cual la carga de la prueba del abuso
14
de la ruptura recaía en el trabajador, estimando que esta regresión es contraria a
los principios fundamentales del derecho del trabajo, desarrollados por la
jurisprudencia y reconocidos por la ley; y que en la lucha contra el paro, la
protección de los trabajadores en el empleo parece ser un medio como mínimo
tan pertinente como las facilidades dadas a los empresarios para despedirlos y
que es como mínimo paradójico animar la contratación facilitando los despidos.
2. Queja ante la OIT. Paralelamente las organizaciones sindicales francesas
Confédération Général du Travail (CGT) y Force Ouvrière (FO) presentaron,
también en relación con la Ordenanza nº 2005-893, una reclamación ante la OIT
al amparo del art. 24 de la Constitución de la OIT, alegando el incumplimiento
por Francia, entre otros, del mismo artículo 2, párrafo 2.b) del Convenio 158. La
reclamación fue tramitada como Documento GB.300/20/6 del Consejo de
Administración.
El Comité Tripartito designado al efecto por el Consejo de Administración de la
OIT examinó dos cuestiones relativas al Convenio núm. 158: 1) si los
trabajadores contratados en virtud de un CNE podían quedar válidamente
excluidos del ámbito de protección del Convenio, sobre la base del párrafo 2, b),
del artículo 2; y 2), si la aplicación de la Ordenanza núm. 2005-893 privaba a los
trabajadores de la protección prevista en el artículo 4 del Convenio y, de ser así,
en qué medida.
Sobre la primera cuestión, los sindicatos denunciantes habían planteado que
durante ese período de dos años los trabajadores quedaban en la práctica
sometidos a un tiempo equivalente a un período de prueba de dos años, que no
cabía considerar como un tiempo razonable y que en la mayoría de los
convenios colectivos firmados en Francia se contemplan períodos de prueba de
uno a tres meses [Párrafo 46]. El Comité Tripartito, se hizo también eco de que
“en su jurisprudencia constante en relación con la duración del período de
prueba, la Cour de Cassation aceptó como razonables los períodos de un
mínimo de dos semanas o un máximo de seis meses según el puesto ocupado
por el trabajador” [Párrafo 70], analizando desde esta perspectiva si ese
«período de consolidación del empleo» de dos años tenía una duración
razonable, en el contexto del apartado b) del párrafo 2 del artículo 2 del
Convenio.
A este respecto, el Comité señaló que «la principal preocupación debería estribar
en garantizar que la duración del período de exclusión de los beneficios
derivados del Convenio quede limitada a lo que cabe considerar razonablemente
necesario a la luz de los objetivos para los cuales se instauró este tiempo de
servicios exigido, a saber, en particular [para permitir] a los empleadores medir la
viabilidad económica y las perspectivas de desarrollo de su empresa y permitir a
15
los trabajadores interesados que adquieran competencias laborales o
experiencias».
En consecuencia, el Comité concluyó que no había fundamentos suficientes para
considerar que el período de consolidación del empleo de dos años fuera un
tiempo de servicios exigido de duración razonable, en el sentido del apartado b)
del párrafo 2 del artículo 2, que hubiera justificado la exclusión de los
trabajadores interesados de la protección derivada del Convenio durante ese
período.
Sobre la segunda cuestión el Comité Tripartito igualmente examinó si los
trabajadores sujetos a un CNE estaban amparados por las protecciones
previstas en virtud del artículo 4 del Convenio (necesidad de justa causa para el
despido), llegando a la conclusión de que la Ordenanza núm. 2005-893 también
se apartaba considerablemente de lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio
núm. 158.
En base a lo anterior, el Comité Tripartito invitó al Gobierno francés a que, en
consulta con los interlocutores sociales: 1) tomara todas las medidas necesarias
para velar porque las exclusiones al principio de causalidad en los despidos,
reguladas en la Ordenanza nº 2005-893, se encuentren en plena conformidad
con las disposiciones del Convenio 158; y 2) diera cumplimiento al artículo 4 del
Convenio, velando por que los CNE no puedan darse por terminados de no
concurrir una causa justificada.
En la memoria presentada en el año 2008, el Gobierno de Francia informó que
teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité Tripartito se había aprobado
la Ley núm. 2008-596 de 25 de junio de 2008, dando ejecución a un acuerdo
nacional tripartito, derogándose las disposiciones sobre el CNE. Los CNE
vigentes al publicarse la ley se reclasificaron como contratos de duración
ilimitada. Informó, además, que el Tribunal de Casación de Francia ya había
declarado, en la sentencia del 1 de julio de 2008 la falta de conformidad del CNE
con el artículo 2, párrafo 2, b) del Convenio.
3.2. La nueva regulación de las causas de despido económicas, técnicas,
organizativas o de producción, que permite que los trabajadores pueden
ser despedidos sin una causa de suficiente entidad y proporcionalidad y
sin verdadero control judicial de la decisión empresarial.
1. El Real Decreto-Ley 3/2012 ha dado una nueva redacción al artículo 51 del
Estatuto de los Trabajadores, llevando a cabo en su apartado 1 una revisión en
profundidad de las causas justificativas tanto del despido colectivo, como, por el
juego del reenvío, de las igualmente aplicables al despido objetivo individual o
16
plural, fundado también en causas basadas en las necesidades de
funcionamiento de la empresa (artículo 52.c).
El nuevo artículo 51.1 dice lo siguiente:
“Artículo 51. Despido colectivo.
1. A efectos de lo dispuesto en la presente Ley se entenderá por despido colectivo la
extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, organizativas
o de producción cuando, en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a:
a. Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b. El 10 % del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre
cien y trescientos trabajadores.
c. Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos
trabajadores.
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa
se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de
pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o
ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce
durante tres trimestres consecutivos.
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros,
en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando
se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del
personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se
produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la
empresa pretende colocar en el mercado.”
La redacción anteriormente vigente añadía un párrafo fundamental para la
adecuada concordancia de esta norma con el Convenio 158, cual era en relación
con las causas económicas que
“Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa
se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de
pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que
puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo. A
estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de
los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer
su posición competitiva en el mercado.”
Y lo mismo en relación con las causas técnicas, organizativas o de producción,
en las que con la redacción anterior la empresa además de acreditar la
concurrencia de alguna de esas causas, debía también
“justificar que de las mismas se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para
contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la
misma a través de una más adecuada organización de los recursos, que favorezca su
17
posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la
demanda.”
Pero con la supresión de esos párrafos, la nueva formulación de estas causas de
despido constituye una doble vulneración del Convenio nº 158 de la OIT: por un
lado, del artículo 4, que veda la posibilidad de que el trabajador sea despedido
sin causa o sin “una causa justificada” de suficiente entidad y proporcionalidad; y,
por otro, del artículo 9, apartados 1 y 3, que garantiza el control judicial de las
decisiones empresariales de extinción del contrato de trabajo, al atribuir a los
jueces la facultad de “examinar las causas invocadas para justificar la
terminación de la relación de trabajo y todas las demás circunstancias
relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si la terminación estaba
justificada”, así como de verificar si el despido “se debió realmente a tales
razones”, basadas en necesidades de funcionamiento de la empresa.
Estas vulneraciones se han producido porque, como se evidencia, el nuevo
artículo 51.1, aunque mantiene el mismo listado de causas (económicas,
técnicas, productivas y organizativas) así como la definición que de las mismas
se contenía en la anterior versión de ese precepto, suprime radicalmente la
obligada conexión de razonabilidad o correspondencia entre la causa
determinante invocada por la empresa y el despido del trabajador o trabajadores,
la exigencia de que el hecho económico, técnico, organizativo o productivo
mantenga algún tipo de vinculación con la extinción de los contratos decidida por
el empresario a través de algún juicio de razonabilidad, ponderación, adecuación
o necesidad, que sí recogía la norma anterior.
2. El punto de partida de la regulación anterior era de por sí sumamente flexible
en lo que a la justificación de las causas económicas, técnicas, organizativas o
productivas se refiere; pero obligaba a la empresa a justificar la razonabilidad del
despido colectivo bien para prevenir una evolución negativa de la empresa, de lo
que podía inferirse que el despido era la respuesta a una situación de peligro que
podía llegar a darse si la extinción colectiva no se llevaba a cabo, bien para
mejorar la organización de sus recursos para favorecer su posición competitiva
en el mercado, de modo que el despido se articulaba, en esta segunda hipótesis,
como respuesta a las ineficiencias de la empresa en el que mercado en el que
compite.
La nueva regulación del artículo 51.1, como hemos visto, omite toda alusión
sobre el juicio de razonabilidad del despido colectivo basado en causas
económicas, técnicas, organizativas o productivas. No se trata, sin embargo, de
un mero olvido; antes al contrario, el objetivo pretendido por el legislador y la
consecuencia resultante es la eliminación de cualquier juicio de razonabilidad,
buscando impedir que los jueces puedan “examinar las causas invocadas para
18
justificar” el despido así como “todas las demás circunstancias relacionadas con
el caso” y “verificar si la terminación se debió realmente a esas razones” (Art.9.1
y 3 del Convenio 158). La Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley así lo
confirma sin margen para la incertidumbre cuando razona del modo siguiente:
“También se introducen innovaciones en el terreno de la justificación de estos
despidos. La ley se ciñe ahora a delimitar las causas económicas, técnicas,
organizativas o productivas que justifican estos despidos, suprimiéndose otras
referencias normativas que han venido introduciendo elementos de
incertidumbre. Más allá del concreto (…), tales referencias incorporaban
proyecciones de futuro, de imposible prueba, y una valoración finalista de estos
despidos, que han venido dando lugar a que los tribunales realizasen, en
numerosas ocasiones, juicio de oportunidad relativos a la gestión de la empresa.
Ahora queda claro que el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una
valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas. Esta idea vale
tanto para el control judicial de los despidos colectivos como para los despidos
por causas objetivas ex artículo 52.c ET” (apartado V).
Resulta difícil poder ofrecer de manera más clara y contundente una explicación
del objetivo de la reforma, que no ha sido otro que el dejar fuera del control
judicial la valoración de si el despido es o no una medida necesaria o si el propio
despido está justificado en atención a juicios de razonabilidad.
El propósito de la norma es, por tanto, convertir la causa de los despidos objetivo
y colectivo en una mera condición, que opera a modo de supuesto fáctico
concretado en la disminución de ventas o ingresos o en cualquier cambio
técnico, organizativo o productivo, que si se produce habilita de forma
automática, directa y sin posibilidad de control judicial efectivo, más allá de la
verificación del hecho que determina la condición, para que el empresario pueda
decidir libre e indiscriminadamente sobre la vigencia de los contratos de trabajo.
La nueva regulación no exige, como sí hacía la anterior, que la situación
económica negativa de la empresa, o que los cambios técnicos, organizativos o
productivos, en los que se justifique la extinción de los contratos de trabajo haya
de tener una potencialidad suficiente para afectar a la viabilidad de la empresa o
a su capacidad para mantener el volumen de empleo en la misma. El
empresario, ahora, no ha de acreditar absolutamente nada, salvo el dato o hecho
económico, técnico u organizativo inicial, sin tener que justificar que de ellos se
deduzca la razonabilidad de los despidos para preservar o favorecer su posición
competitiva en el mercado.
De esta forma, la previsión de pérdidas o una mera reducción de las ventas o de
los ingresos – ni siquiera de ambos a la vez – durante tres trimestres constitutivos
se constituye por sí sola en causa para la extinción colectiva de los contratos de
19
trabajo, de pocos o de muchos trabajadores, con independencia del impacto que
esta reducción de ventas haya producido en la situación económico-financiera de
la empresa y en su capacidad para mantener el volumen de empleo, y sin que,
por tanto, la disminución de ventas tenga necesariamente que ver con una
pérdida de competitividad de la empresa, pudiendo obedecer a toda una
variedad de factores coyunturales e incluso a estrategias en la política de precios
de la propia empresa.
La supresión del juicio de razonabilidad de la decisión extintiva también implica la
exoneración del empresario de la carga de aportar los elementos o criterios en
virtud de los cuales procede a la concreción del número y de los concretos
colectivos de trabajadores afectados por el despido colectivo.
Esto implica, por un lado, atribuir al empresario facultades casi absolutas a la
hora de determinar la extinción de contratos de trabajo ante meras previsiones
de pérdidas o reducciones de ingresos o ventas en tres trimestres consecutivos;
pero también deja en sus manos, a su libre discrecionalidad, la fijación del
número de trabajadores y la concreción de los puestos de trabajo afectados por
dicha extinción. De manera que con una disminución de ingresos o de ventas
de, por ejemplo, un 2% del total, el empresario está legitimado, tiene “causa”
suficiente, según la nueva regulación, para poder despedir no al 2% de la
plantilla, sino si discrecionalmente quiere, al 20%, 50%, 80% ó incluso a la
totalidad de la plantilla, sin posible control judicial alguno sobre la racionalidad de
esa decisión ni sobre su proporcionalidad en relación con la causa económica en
que se basa, porque conforme a la nueva norma nada tiene que justificar al
respecto.
Y lo mismo sucede con las causas técnicas, organizativas y productivas que ni
se vinculan a una situación de dificultad de la empresa, ni se exige que el
despido sea una medida necesaria y razonable para cumplir alguna finalidad
legítima, como la viabilidad de la empresa y del empleo.
3. Esta revisión de las causas del despido supone, en definitiva, situar las
decisiones empresariales de extinción de los contratos de trabajo basadas en el
funcionamiento de la empresa en un espacio inmune al control judicial, que
queda así sin facultad para ponderar si los despidos son medidas justificadas,
necesarias, razonables o proporcionadas en función de las circunstancias del
caso y, por tanto, están justificados, o si por el contrario, responden en exclusiva
a criterios de oportunidad, discrecionales o incluso arbitrarios, en la gestión de la
plantilla de la empresa, que aprovechan unos hechos económicos o técnicos
concretos para adoptar decisiones de despido colectivo que van más allá y
desbordan de lo que razonablemente aquellos hechos justificarían, en lo que sin
duda sería un manifiesto abuso de derecho.
20
4. Ya señalamos anteriormente que una regulación como la descrita incide de
lleno en el ámbito de las garantías jurisdiccionales de los trabajadores afectados
por un despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción,
situándoles en una situación de manifiesta indefensión en el proceso
jurisdiccional que al efecto pudieran entablar, chocando frontalmente contra
varios preceptos del Convenio 158.
Si el artículo 4 impone que ningún trabajador puede ser despedido “a menos
que exista para ello una causa justificada” de suficiente entidad y
proporcionalidad, el artículo 8.1 reconoce que el trabajador despedido “que
considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho a
recurrir” contra el despido ante un organismo neutral, entre otros ante un juzgado
o tribunal. Pero la clave está en el artículo 9. 1 y 3, que determina que los jueces
estarán “facultados para examinar las causas invocadas para justificar” el
despido así como “todas las demás circunstancias relacionadas con el caso” y
“verificar si la terminación se debió realmente a esas razones”, basadas en
necesidades de funcionamiento de la empresa.
Es patente el incumplimiento de este artículo 9 del Convenio 158, que en
definitiva exige que el juzgado debe poder examinar si la causa de terminación
de la relación laboral estaba justificada así como las circunstancias relacionadas
con el caso, de modo que todo ello conduzca y permita examinar la suficiencia
de la causa acreditada y, necesariamente, la proporcionalidad o ajuste entre la
suficiencia de la causa acreditada y la justificación de la terminación del contrato,
para “verificar si la terminación despido se debió realmente a tales razones” y no
a otro tipo de consideraciones discrecionales de la empresa. Pero, como
confirma la lectura de la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley, el objetivo
de éste es que los órganos judiciales resuelvan los despidos sometidos a su
conocimiento sin entrar a verificar la racionalidad o proporcionalidad de la
medida.
Se vulnera así la razón de ser del Convenio 158, de reforzar las garantías a los
trabajadores frente al despido limitando el poder discrecional del empleador de
poner término a la relación de trabajo por un motivo cualquiera o sin motivo,
protegiéndoles contra la decisión arbitraria e injustificada de aquél mediante la
exigencia de la necesidad de justificación del despido. Recordemos que esta
justificación constituye la “piedra angular” de todo el Convenio y que se
fundamenta en impedir el abuso de derecho por parte del empleador y la
terminación abusiva de la relación de trabajo, de modo que “toda terminación
que no sea objetivamente razonable” es considerada como un abuso del derecho
de poner término a la relación de trabajo. [Comisión de Expertos, Protección
contra el despido injustificado, citado, Párrafo 83].
21
Y se vulnera igualmente el derecho a la tutela judicial efectiva, en tanto que el
trabajador queda en la práctica desprovisto de acción (art. 8.1) para controlar la
razonabilidad de la decisión extintiva, o la necesidad de la extinción de su
contrato de trabajo. Y directamente conectado con ello, también vulnera el
derecho al mantenimiento del empleo y a la necesaria concurrencia de una
causa de suficiente entidad para su privación (art. 4).
En definitiva, y al margen de la laxitud con que se definen las causas, también en
este punto la promulgación del Real Decreto-Ley 3/2012 implica el
incumplimiento por España de los compromisos y obligaciones internacionales
asumidas al ratificar el Convenio 158 de la OIT.
3.3. Supresión de los salarios de tramitación en caso de opción por el
empresario de la extinción del contrato, ante la declaración judicial de la
improcedencia del despido.
1. El Real Decreto-Ley 3/2012 ha procedido a dar una nueva redacción a los
párrafos 1 y 2 del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, modificando la
regulación de los salarios de tramitación en caso de despido improcedente en el
que la empresa opte por la readmisión del trabajador. Se trata de los salarios que
van desde la comunicación del despido hasta la fecha de la notificación de la
sentencia que declara la improcedencia.
En síntesis, el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores establece que en caso
de declaración de que un despido es improcedente el empresario puede optar
entre readmitir al trabajador o extinguir el contrato abonándole una
indemnización equivalente a 33 días de salario por año de prestación de
servicios. Pues bien, la nueva regulación ha añadido ahora que en caso de que
el empresario hubiere ejercido la opción de la extinción con abono de la
indemnización, no tiene que abonar salarios de tramitación, mientras que sí
deberá abonarlos si opta por la readmisión. O expresada la idea desde otra
perspectiva, el trabajador despedido improcedentemente tendrá derecho a
percibir los salarios que hubieren mediado entre las fechas de comunicación del
despido y la notificación de la sentencia única y exclusivamente si el empresario
opta por su readmisión.
Esta regla en todo caso no rige para los representantes de los trabajadores, que
conservan el derecho a la percepción de los salarios de tramitación sea cual
fuere la opción elegida de readmisión o de extinción del contrato con
indemnización, opción que les corresponde a ellos en el supuesto de que la
sentencia hubiere calificado el despido como improcedente (artículo 56.4).
22
No ha sido este Real Decreto-Ley 3/2012 la primera norma legal que ha revisado
el régimen jurídico de la figura de los salarios de tramitación, que cuenta en el
Derecho del Trabajo español con una dilatada tradición. El Real Decreto-Ley
5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de
protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, vino a anticipar la medida
legal hoy recuperada por el RD-Ley 3/2012, al suprimir el devengo de los salarios
de tramitación en la hipótesis de que el despido fuera calificado como
improcedente y el empresario no readmitiese al trabajador o, lo que es igual,
optare por abonarle la correspondiente indemnización. Por su parte y ante la
contestación social generada por dicha regulación, la Ley 45/2002, de 12 de
diciembre, rectificó en gran parte la práctica supresión de los citados salarios
introducida por el mencionado RD-Ley 5/2002, reinstaurando su pago sea cual
fuere la opción del empresario.
Ya el Tribunal Constitucional español en la Sentencia 84/2008, de 20 de octubre,
al rechazar que la supresión de los salarios de tramitación por el Real Decreto-
Ley 5/2002 que ahora recupera de manera simétrica el RD-Ley 3/2012, pudiera
implicar una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, señaló que:
“El que la forma en que ha quedado configurado el derecho empresarial de opción
una vez dictada la resolución judicial de improcedencia pueda hacer más o menos
atractiva, en función de circunstancias diversas, la elección de uno de sus
términos o el hecho de que en dicha elección pueda pesar más un tipo u otro de
consideraciones son cuestiones todas ellas que afectan a la regulación material de
los efectos del despido improcedente, pero que en nada limitan el alcance de su
tutela judicial” (FJ 8º).
Es desde esta perspectiva material desde la que se formula este motivo de la
presente Queja, por entender que la nueva regulación del derecho de opción del
empresario, una vez suprimidos los salarios de tramitación en caso de que opte
por la extinción –y no se trate de un representante de los trabajadores- implica
una regulación sustantiva material del derecho del trabajador ante el despido que
vulnera el derecho al trabajo y el consiguiente derecho a no ser despedido sin
justa causa (artículo 4 del Convenio 158), pues priva al trabajador de una
protección real y efectiva ante los despidos ilegales o sin causa que no son
objeto de una compensación adecuada o suficiente, garantizada por el artículo
10 del Convenio 158, instaurando, además, un mecanismo que, en numerosas
ocasiones, hace más gravosa la readmisión del trabajador que la opción por la
indemnización, como sucede con los trabajadores de escasa antigüedad en la
empresa.
La norma funciona como un incentivo económico, irracional y arbitrario, a favor
de la extinción del contrato de trabajo y en contra de la estabilidad en el empleo,
23
colisionando de manera frontal con el derecho al trabajo, que no puede en modo
alguno conciliarse con una medida que no se limita a adoptar una actitud ni
siquiera neutral de cara al derecho de opción del empresario, sino que estimula y
promueve, de manera abierta, la opción a favor de la terminación de la relación
laboral. Se contradice así abiertamente el alcance y sentido del Convenio 158,
sobre el que en este punto la Comisión de Expertos de la OIT ha venido
reiterando que “El artículo 10, tal como está redactado, da preferencia a la
anulación de la terminación y a la readmisión como medios de reparación de la
terminación injustificada”, porque “garantizan la seguridad en el empleo” de los
trabajadores despedido injustamente [Informe sobre Protección contra el
despido injustificado, Párrafos 219 y 221].
2. En relación con los contratos de trabajo de escasa antigüedad, inferior a un
año y nueve meses de prestación de servicios, la cuantía de los salarios de
tramitación a cargo del empresario, en un promedio de 60 días, supone un
importe superior a la indemnización por extinción del contrato, calculada a razón
de los 33 días que fija la nueva regulación. Si el proceso laboral de despido
tuviere una duración inferior, la diferencia se reduce y, de ser superior, el efecto
es inverso: la diferencia se incrementa.
Pero sean cual fueren los efectos, resulta indiscutible la relevancia e incidencia
que despliega el régimen jurídico de los salarios de tramitación, que hace más
ventajosa económicamente para el empresario la opción por la extinción del
contrato sin causa o sin observancia del procedimiento legal, que la readmisión
del trabajador en su puesto de trabajo. Es este un efecto jurídico exclusivamente
imputable a la nueva regulación sobre los salarios de tramitación efectuada por
el Real Decreto-Ley 3/2012, al haber privado al trabajador improcedentemente
despedido, en el caso de que la empresa opte por la indemnización, de un
concepto que es objeto de resarcimiento; o dicho de otra forma, al haber liberado
a la empresa del pago de una partida compensatoria en el supuesto de que
decide optar por terminar la relación laboral.
Pues, en efecto, la propia norma configura el período temporal de delimitación de
los salarios de tramitación como un período de naturaleza resarcible, o dicho en
términos del propio Convenio 158 de la OIT, cuya compensación por vía de
indemnización es “adecuada” en caso de despido injustificado. Tal es y no otro el
título que ha de asignársele a efectos del reconocimiento del derecho del
trabajador a percibir los salarios de tramitación si la empresa opta por la
readmisión. Y si bien es cierto que en esta hipótesis el trabajador no percibe la
indemnización por despido, precisamente porque éste no llega a consumarse y
mantiene el empleo, carece de toda razonable fundamentación la tesis de que la
compensación al trabajador indemnizado se realiza exclusivamente por la vía del
pago de dicha indemnización, pues la misma no comprende parámetro alguno
24
relativo al período de tramitación del proceso, mientras que en el caso del
trabajador readmitido, sí devenga los salarios de tramitación, resultando, por
tanto, evidente que la indemnización no comprende el daño generado por la falta
de ocupación del trabajador hasta la fecha de la sentencia o hasta la extinción
del contrato consumada con el pago de la indemnización.
Por ello, si la empresa opta por la finalización de la relación laboral, la
compensación al trabajador por el período de espera hasta la resolución del
litigio experimenta una radical transformación: de elemento estructural de la
relación laboral pasa a convertirse en elemento de libre discrecionalidad del
empleador, que lo utilizará en función de sus intereses subjetivos. La opción del
empresario a favor de la terminación del contrato de trabajo y, por consiguiente,
del no-pago de los salarios de tramitación se erige así en una decisión libre,
discrecional, inmotivada e incontrolable judicialmente, que sin embargo tiene
efectos decisivos en la protección del trabajador y en la compensación por la
demora judicial en la resolución del proceso por despido sin causa justificada, lo
que vulnera frontalmente el mandato del artículo 10 del Convenio nº 158, que
taxativamente determina que en caso de despido sin causa justificada los jueces
“tendrán la facultad de ordenar el pago de una indemnización adecuada”
3. Por otra parte, la norma cuestionada no asegura al trabajador una protección
mínima por el período de tramitación del proceso, cuando éste no dispone de
cotizaciones o no reúne los requisitos legales para el acceso al sistema de
protección por desempleo. Además de que durante el período de tiempo en que
se devengan de los salarios de tramitación, el trabajador no ha quedado liberado
de la relación laboral, toda vez que, por una parte, los efectos extintivos sólo se
consuman con el pago de la indemnización (artículo 56.1 del Estatuto de los
Trabajadores) y, por la otra, la readmisión decidida por la empresa supone la
obligación del trabajador de reincorporarse al puesto de trabajo, de modo que la
negativa implica un libre desistimiento que acarrea no sólo la pérdida de la
indemnización, sino también de las prestaciones por desempleo. Es éste un
período en el que el trabajador tiene limitadas sus facultades para incorporarse a
otra actividad productiva, sea mediante el trabajo por cuenta ajena o sea a través
de otras vías o fórmulas laborales, facultades éstas que quedan sujetas al
elemento condicional básico derivado de la discrecionalidad del empresario. No
obstante ser ello así, el Real Decreto-Ley 3/2012 ha eliminado cualquier
compensación al trabajador por ese período al que, en caso de no poder acceder
a los beneficios del sistema de protección por desempleo o de las rentas
sociales, se le sitúa en la más absoluta desprotección.
Por lo demás, el efecto conjugado de la supresión de los salarios de tramitación
con la reducción de la cuantía de la indemnización por despido improcedente
será particularmente relevante para los trabajadores temporales, ya que al no
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tener muchos períodos de prestación de servicios para la cuantificación de la
indemnización, hará que muchos trabajadores se cuestionen la impugnación
misma de su despido.
4. El artículo 10 del Convenio 158, como hemos señalado, da preferencia a la
readmisión del trabajador despedido cuando el despido es injustificado y sin
causa suficiente, estableciendo que de no ser posible aquélla, será el juez u
organismo similar quien determinará qué indemnización es adecuada y ordenará
su pago al trabajador despedido injustificadamente. La decisión acerca de qué
indemnización es la adecuada corresponde en exclusiva al juez y no al
empresario.
De ahí que una regulación que prioriza y fomenta la extinción del contrato frente
a la readmisión y conforme a la cual, en caso de terminación del contrato por
decisión del empleador sin una causa justificada y no siendo posible legalmente
ordenar la readmisión del trabajador, no es el juez quien tiene “la facultad de
ordenar el pago de una indemnización adecuada”, sino que es el propio
empresario el que, al optar discrecionalmente por la extinción definitiva del
contrato, decide de forma unilateral y libre y al margen del propio juez que la
compensación por salarios de tramitación no es adecuada, cuando sí lo es si
opta por la readmisión, es contraria y violenta la exigencia del citado artículo 10.
No cabe bajo el amparo del Convenio 158 que la indemnización o compensación
por salarios de tramitación la decida no el juez, sino el propio empresario que ha
despedido injustificada e ilegalmente, optando porque el trabajador se quede
definitivamente sin empleo y a la vez decidiendo que una parte de la
indemnización, que sí es adecuada si hay readmisión, no lo es si el contrato se
extingue.
3.4. Inclusión como causa de despido de las faltas de asistencia al trabajo
motivadas por enfermedad o lesión aún debidamente justificadas.
1. El Real Decreto-Ley 3/2012 ha dado nueva redacción al artículo 52.d) del
Estatuto de los Trabajadores, que regula una modalidad de despido objetivo
basado en las faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas, del trabajador, una
vez que se superen determinados umbrales y las ausencias no se incluyan entre
los supuestos exceptuados que regula el propio precepto. La redacción dada por
la nueva norma es la siguiente:
«Artículo 52. Extinción del contrato por causas objetivas. El contrato podrá
extinguirse:
d) Por faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que
alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en
cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.
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No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las
ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el
ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de
trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades
causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones,
enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los
servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días
consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de
violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios
de Salud, según proceda.»
La novedad de esta nueva regulación estriba en la exclusiva identificación del
absentismo individual, de corta duración, aún fundamentado en bajas por
enfermedad o accidente, como único criterio o causa que justifica la extinción
unilateral por el empresario, con independencia de que las bajas conlleven o no
una incapacitación para el trabajo -en principio el artículo no vincula la ausencia
al trabajo con la incapacidad, sino más bien lo contrario, con el interés puro y
duro de la empresa-. Lo relevante, pues, es que la ausencia del trabajador por
razón de enfermedad se convierte en si misma en una justa causa para el cese.
Tan drástica y radical es la tipología de la nueva norma que al incluir las faltas
de asistencia “intermitentes” que alcancen “el 20% de las jornadas hábiles en
dos meses constitutivos” y tengan una duración de menos de 20 días
consecutivos, significa que un trabajador que se ausente por enfermedad o
accidente no laboral 9 días en dos meses, en dos períodos de cuatro días, por
un lado, y cinco días, por otro, puede ser objeto de despido justificado. Lo que
es tanto como decir que incluso un trabajador que sufre una pequeña operación
quirúrgica que le tenga de baja laboral siete u ocho días, y al mes siguiente
vuelva a tener dos ó tres días de baja como consecuencia de cualquier recidiva
menor de aquella intervención, u otro motivo, puede incurre en causa objetiva, y
por tanto justificada, de despido
2. Tal configuración legal vulnera principios básicos sobre los que se asienta la
Organización Internacional del Trabajo, de la que es miembro España, así como
el contenido del artículo 6.1 del Convenio 158 de la OIT, precisamente por
configurar como justa causa de despido las ausencias al trabajo motivadas por la
enfermedad del trabajador o trabajadora derivada de contingencias comunes.
Ya la Declaración de Filadelfia de 1944, actual Carta de la OIT, incluía entre los
principios fundamentales entre los que se basa la OIT la concepción de que “el
trabajo no es una mercancía” así como “la lucha contra la necesidad”, que se
traducen en “la obligación solemne” de fomentar la extensión de “las medidas de
seguridad social” y “proteger adecuadamente la salud de los trabajadores en
todas las ocupaciones”.
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Y el propio texto de la Constitución de la OIT en su Preámbulo denunciaba las
condiciones de trabajo que entrañan “injusticia, miseria y privaciones” para gran
número de trabajadores, e incluía expresamente entre sus objetivos la urgente
mejora de dichas condiciones, singularizando entre otros la “protección de los
trabajadores contra las enfermedades”, sean o no profesionales, y contra los
accidentes del trabajo”.
Peo fue el Convenio 158 el que plasmó con carácter normativo y vinculante para
los países que lo ratificaran la protección de los trabajadores frente a la
enfermedad, no sólo proporcionándoles asistencia médica y protección social en
caso de ausencia al trabajo, sino también protegiéndoles de la arbitrariedad del
empresario que, ante la menor utilidad que puede tener un trabajador que falta al
trabajo por encontrarse enfermo, o por sufrir un accidente también no laboral,
puede adoptar la decisión, conforme a su mero interés económico, de prescindir
de aquél a través de una decisión de despido.
El artículo 6 del Convenio establece lo siguiente:
“Artículo 6
1. La ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá
constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo.
2. La definición de lo que constituye una ausencia temporal del trabajo, la medida
en que se exigirá un certificado médico y las posibles limitaciones a la aplicación
del párrafo 1 del presente artículo serán determinadas de conformidad con los
métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio.”
Como resalta la Comisión de Expertos, el objetivo de este artículo “consiste en
proteger el empleo del trabajador en un momento en que éste se encuentre en la
imposibilidad de cumplir con sus obligaciones por razones de fuerza mayor”
[Protección contra el Despido Injustificado, Párrafo 137], no en proteger el interés
económico del empresario, por más que este Convenio, como el resto, tenga
siempre en cuenta un razonable equilibrio entre los intereses de capital y trabajo.
Pero aquí, en cumplimiento y desarrollo de alguno de los objetivos fundaciones
de la OIT el bien jurídico más garantizado es el trabajador y su empleo.
Como señala la propia Comisión de Expertos, el Convenio no define la noción de
ausencia temporal, pero la expresión implica una razonable duración, verificada
en su justificación por un certificado médico, y con posibles limitaciones
derivadas de la propia duración, en la medida que se vinculan con la capacidad
de trabajo, pues “se la debe prever de modo tal que siga siendo compatible con
el objetivo del artículo”, la protección del empleo y del trabajador enfermo. En los
distintos países oscila entre algunos meses y varios años, aunque muchos
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países han adoptado una duración de seis meses. La ausencia temporal se
traduce por lo general en la suspensión del contrato de trabajo durante un plazo
determinado, manteniéndose las prestaciones del empleador o las de la
seguridad social, estas últimas, en forma total o parcial, y la prohibición de poner
término a la relación de trabajo durante ese período, o la prohibición de hacerlo
durante un plazo determinado.
3. En el presente caso no estamos ante una extinción motivada por la capacidad
del trabajador, pues lo relevante es la ausencia, y no que el trabajador tenga
lesiones incapacitantes, y tampoco la proyección temporal de la ausencia
permite deducir una falta de capacidad laboral del trabajador afectado. Ni
tampoco se exige justificación de perjuicio económico para el empresario.
La supresión del cómputo del absentismo de la plantilla total del centro pone en
evidencia que es sólo la enfermedad lo que determina el cese, y no un coste
antieconómico para la empresa que obligue a adoptar medidas excepcionales de
reducción de plantilla, pero con esta reforma se elimina uno de los principales
obstáculos con los que contaba la aplicación por las empresas de esta
modalidad de extinción del contrato de trabajo.
No es, pues, idea vinculada a restringir el absentismo injustificado, basado en la
falta de veracidad de la situación incapacitante del trabajador, o en la sospecha
fundada de que las ausencias al trabajo no están amparadas en causa real, seria
y verificable. Todo lo contrario, opera justamente en el ámbito de las ausencias
justificadas, que precisan alcanzar los umbrales señalados para ser causa
objetiva de despido, pues las injustificadas son causa de despido procedente sin
necesidad de alcanzar ningún índice o reiteración en período temporal concreto.
El art. 6.2 del Convenio 158 OIT permite a la legislación o práctica nacionales
definir que es una ausencia temporal (para delimitarla de una ausencia
permanente), o la posible exigencia de certificado médico, o las posibles
limitaciones al párrafo 1, pero no puede concebirse como una habilitación para la
derogación general y completa de dicho precepto, sino a lo más modular su
alcance en determinados casos, como por ejemplo, cuando la intensidad de la
ausencias pongan en evidencia la falta de capacidad del trabajador. Ya la
legislación española regula, desde hace mucho tiempo, los efectos sucesivos de
una baja laboral de más de seis meses y de más de dieciocho meses, pero
siempre desde la perspectiva de la incapacitación para el trabajo.
Pero en el presente caso el Real Decreto-Ley 3/2012 ha habilitado a la
enfermedad como causa de despido justificado. Reiteramos que la clave en la
configuración de la norma es la enfermedad, y no el gravamen a la empresa, o la
capacidad el trabajador, lo que justifica el cese. Y no puede entenderse que la
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duración de la ausencia -9 días en dos meses de promedio- sea un desequilibrio
económico al empresario, sin ponderar la culpabilidad del trabajador, o su
antigüedad y trayectoria profesional.
A fin de justificar que no estamos ante un desequilibrio del contrato de trabajo
que lo haga especialmente oneroso para el empresario, hemos de reparar que
los días de ausencia que justifican el cese están por debajo del número de días a
cargo de la empresa en los supuestos de Incapacidad Temporal por
contingencias comunes, lo que es una medida estructural del contrato de trabajo,
por lo que la ausencia del trabajador por un intervalo inferior no sólo no es una
anomalía excepcional que justifique la resolución contractual, sino un evento que
entra dentro de la finalidad que cabe esperar del contenido de las respectivas
prestaciones, en cuyo caso la empresa tiene que asumir un determinado riesgo
como es la ausencia del trabajador, y no puede operar por tanto como causa
resolutoria que presuponga un desequilibrio contractual.
La explicación o justificación de la norma, entre la facilitación del despido de
estos trabajadores y el funcionamiento del sistema económico y productivo, se
ha de situar en que con ello se dota a las empresas de un nuevo mecanismo
para mejorar la productividad, por la vía del despido de los trabajadores a los que
por sus características físicas, genéticas, o ámbitos sociales, o simplemente por
las circunstancias de la vida, los coloque en mayor propensión a sufrir los efectos
de las enfermedades.
Sin embargo, tal planteamiento es contrario a toda idea de razón, y a las bases
mismas de un Estado social y democrático de Derecho, que propugna, como
hace la Constitución Española, la dignidad de la personal como derecho
fundamental, e igualmente a los principios que fundamentan a la Organización
Internacional del Trabajo, que repudia la consideración del trabajo como simple
mercancía útil o inútil para el empresario, y que busca proteger al trabajador y
su empleo de las enfermedades. No resulta coherente con tales valores y
principios, y con la regulación del artículo 6 del Convenio 158, que se pueda, con
base en una legislación que ha de concordar con tales derechos y principios, dar
cobertura a un despido que se produce por el hecho simple y directo de estar
enfermo el trabajador.
PRUEBAS.
Se acompaña a esta Queja las siguientes pruebas documentales:
Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral (BOE del 11 de febrero de 2012).
En virtud de lo anteriormente expuesto,
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SOLICITAMOS A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO que
tenga a bien admitir esta Queja por vulneración de derechos relacionados con el
despido de los trabajadores, garantizados por esa organización internacional,
junto a los documentos que la acompañan y, tras someterla al examen de los
órganos correspondientes para la comprobación de las violaciones de derechos
denunciadas:
1) Declare la vulneración de derechos de los trabajadores relativos a la
terminación de la relación de trabajo por despido del empleador, reconocidos y
garantizados por el Convenio nº 158 de la OIT, llevada a cabo por el Real
Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral (BOE del 11 de febrero), en la regulación de las siguientes
materias:
A – La fijación de un período de prueba de un año en la nueva modalidad
de contrato indefinido, que implica el establecimiento de un despido sin
causa y sin una indemnización adecuada.
B – La nueva regulación de las causas de despido económicas, técnicas,
organizativas o de producción, que conlleva que los trabajadores pueden
ser despedidos sin una causa de suficiente entidad y proporcionalidad y
sin verdadero control judicial de la decisión empresarial.
C – La supresión de los salarios de tramitación en caso de opción por el
empresario de la extinción del contrato, ante la declaración judicial de la
improcedencia del despido.
D – La inclusión como causa de despido objetivo por absentismo de las
faltas de asistencia al trabajo motivadas por enfermedad o lesión aún
debidamente justificadas.
2) Acuerde realizar las observaciones y requerimientos pertinentes al Gobierno
de España sobre las anomalías comprobadas e invitarle a tomar las medidas
adecuadas para el pleno respeto y cumplimiento de los derechos conculcados, y
la adecuada reparación a los trabajadores y trabajadoras afectadas por la
eventual aplicación de las medidas contrarias al Convenio 158 de la OIT.
Declaración complementaria. Se hace constar que además de la presente
Queja, con esta misma fecha se formula por UGT Y CCOO Queja, en escrito
aparte, ante el Director General de la OIT para su tramitación y decisión por el
Comité de Libertad Sindical, contra el Gobierno de España, por violación del
derecho de libertad sindical y de negociación colectiva, por vulneración de
los Convenios de la OIT números 87, 98 y 154, todos ellos ratificados por
España.
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Se hace entrega de la presente Queja para su registro y pertinente tramitación,
en la oficina de la Organización Internacional del Trabajo sita en Madrid, calle
Alberto Aguilera, 15 Duplicado, 1º piso, 28015 Madrid.
Madrid, 10 de Mayo de 2012
Cándido Méndez Rodríguez Ignacio Fernández Toxo
Secretario General UGT Secretario General CCOO